EL FRENTE GRANDE ELABORÓ PROPUESTAS PARA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El sábado 12 de diciembre, de 10:00 a 14:40 se realizó por plataforma digital el Cabildo Federal por una Nueva Ley Nacional de Educación Superior. Dicho encuentro culminó, sin agotar el debate, un proceso de trabajo que arrancó el 22 de mayo con el primer cabildo, y continuó con cinco cabildos regionales realizados en las regiones Nordeste, Noroeste y Nuevo Cuyo, en Provincia de Bs. As y Córdoba, y con dos encuentros preparatorios para el Cabildo de CABA. Su resultado es la producción de un documento de 30 puntos o ideas fuerza que sintetizan los acuerdos alcanzados en esos cabildos, organizados cada uno de ellos en cinco comisiones de debate y en un plenario general.

La iniciativa fue convocada por el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, Comisión de Educación del Instituto Patria, La Fundación Acción para la Comunidad, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Instituto Democracia, Colectivo Pedagogía para la Emancipación, y Central Espacio de Ideas. Los Cabildos contaron con las presencias de rectores y rectoras, decanos y decanas, Directores de los Institutos de Formación Docente, investigadores, docentes, estudiantes y representantes de CONADU (y sus sindicatos de base), CONADU histórica, FEDUN (y sus sindicatos de base); CTERA (y sus sindicatos de base), FATUN (y sus sindicatos de base) y de la diversidad del movimiento estudiantil universitario y de educación superior de las provincias, entre ellos dirigentes de la FUA y de Federaciones regionales, y ETO (Estudiantes Terciarios).

Se trata de una propuesta federal, surgida desde la sociedad civil, a partir de lo planteado por el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, en su discurso inaugural de las sesiones del 1 de marzo, acerca de la necesidad de promover el debate por una Nueva Ley de Educación Superior. Dicha iniciativa se planteó, no la construcción de la ley, sino la elaboración colectiva de 30 puntos fundamentales a modo de ideas fuerza. Se trata de puntos que dan cuenta de por qué es necesario contar con una nueva normativa que responda a las necesidades y desafíos de la sociedad argentina del siglo XXI y los cambios que son necesarios pensar y definir en relación con la legislación actual, en términos de concebir la integralidad de un sistema de educación superior y las vinculaciones claves entre educación, ciencia y tecnología para el desarrollo nacional, regional y local. Que responda al interrogante principal de qué proyecto de educación superior necesitamos para la creación de un proyecto de Argentina Soberana y con Justicia Social. Que consagre a la educación superior en todos sus niveles y dimensiones como un derecho social, como bien público, su gratuidad e ingreso irrestricto. Y que aspire a una más equitativa representación porcentual de las participaciones de todos los integrantes de los ámbitos del cogobierno: docentes, trabajadores nodocentes, graduados y estudiantes.

El Cabildo Federal estuvo coordinado por Alejandro Mosquera (IEFI) , Silvia Vilta y Eduardo Sigal. En la apertura hubo dos videos de puesta en valor de los cabildos: de Nicolás Trotta, ministro de educación de la Nación, y de Roberto Barabel, secretario general de SUTEBA. La presentación de los 30 puntos estuvo a cargo de Francisco Tete Romero (ex ministro de educación del Chaco), Silvia Rojkés (ex ministra de Tucumán) y Silvia Vásquez (comisión de educación del Instituto Patria). Luego se realizaron informes de síntesis de lso 5 cabildos: Por NEA: el rector de la Univ Nac del Chaco Austral, Germán Oestmann y Marisú Liwsky, titular de CODIUNNE (sindicato de base de CONADU); por Noa: Roxana Laks; por Córdoba Esther Galina; por Cuyo Viviana Brusadin (Conseja Superior de UTN Mendoza) y María Inés Vollmer (ex viceminitra de educación de la Nación, ministra de educación de Mendoza y directora ejecutiva del INFOD); y por Prov. de Bs. As: Ariel Báez (UTN). Hicieron uso de la palabra también Rodolfo Tecchi, rector de la Univ Nac de Jujuy y Vice Pte del CIN (Consejo Univ de Rectores); Carlos De Feo (Secr. Gral de CONADU), EX rector de Univ Nac de Córdoba Francisco Tamarit presidente de la CRES 2018; Miguel Duhalde, Secretario de Educación de CTERA; Carolina Mera, decana de la Fac de Ciencias Sociales de la UBA; Florencia Ficcardi, Pres. Federación Estudiantil San Juan Florencia Ficcardi; Walter Merkis, secretario general de FATUN; Franco Suárez, Secretario de Acción Política de FUA; Mariana Rossetti, Rectora del Instituto Superior de Profesorado Joaquín V González, Nadia Rodríguez, secretaria general de ETO (estudiantes de terciario organizados de Prov. Bs. As); Rosario Jiménez - Consejera Directiva Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de la Universidad Nacional del Comahue y Secretaria General del Centro de Estudiantes de la Fadecs; : Rodrigo Valenzuela y Paola Zacarías, de la Secretario General de la Federación Universitaria del Nordeste. También lo hizo Mercedes Leal, actual directora ejecutiva del INFOD (Instituto Nac de Formación Docente).

Se aprobaron por unanimidad los 30 puntos y se acordó dar continuidad a los debates en el 2021. En el cierre del Cabildo Federal hablaron la senadora nacional Cristina López Valverde, Presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la diputada nacional Blanca Osuna, Presidenta de la Comisión de Educación de Diputados, Ricardo Foster, filósofo, docente y asesor del Presidente Alberto Fernández y Alberto Sileoni, ex ministro de educación de la Nación.

Las 30 Ideas Fuerza serán entregadas al Presidente Alberto Fernández, a la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a todos los bloques legislativos del Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales, a las instituciones que componen la Educación Superior y a las GGT y CTAs.

Ideas Fuerza haca una Nueva Ley de Educación Superior

1. Proponer una nueva LES cuyo horizonte de sentido esté dado por la vinculación significativa del sistema de Educación Superior en relación con el modelo de desarrollo de un proyecto de país soberano y federal en lo político, en lo cultural, en lo científico, en lo tecnológico, en lo epistemológico y en lo educativo, en el marco del respeto de la pluralidad, la interculturalidad y de nuestras diversidades lingüísticas, culturales y de género.

2. Que reconozca el carácter estratégico del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país, la emancipación cultural, la soberanía nacional y la justicia social del pueblo argentino. Para transformar la función social de la ES como promotora del desarrollo y del cambio en las matrices productivas y distributivas regionales, considerando los modelos de desarrollo locales.

3. Una LES que abarque a la totalidad de la educación superior como un bien público, como un derecho social y personal. Totalidad que incluye tanto a la educación universitaria como a la educación superior de las provincias, de modo tal de establecer las relaciones entre las jurisdicciones nacional y provinciales como articulaciones indispensables desde políticas públicas federales concebidas como razón de Estado. Que revalorice a los Institutos de Educación Superior, tanto los de formación docente como los técnicos.

4. Es necesario resaltar y recuperar las últimas modificaciones que se dieron respecto a la ley de educación superior en 2015, que fueron un avance histórico para la garantía del derecho. La gratuidad sin arancelamientos, el financiamiento que se traduce en mayores recursos, el ingreso irrestricto.

5. Profundizar la articulación ciencia-pueblo, poniendo a las IES a disposición de la cuestión social. Promover la formación integral y crítica de los y las estudiantes, así como la investigación orientada a la resolución de problemas sociales, no guiados por las necesidades de mercado y los intereses de las corporaciones.

6. Debe considerarse tanto una estructura del sistema de educación superior y una articulación de carácter federal entre universidades, Estado nacional e institutos de educación superior, previendo mecanismos específicos de financiamiento y distribución de los recursos que contemplen las desigualdades existentes, en función de lograr una real igualdad de oportunidades, a través de los cuales se reconozca el carácter estratégico del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país, la emancipación cultural, la soberanía nacional y la justicia social del pueblo argentino.

7. Se destaca la importancia de recuperar el concepto de una única educación superior, es así que se plantea la necesidad de reconocer las diversas trayectorias y realidades tanto en las universidades como en los IES, en un marco de complementariedad académica, donde la construcción del conocimiento científico encuentre espacios de fertilidad y sinergia, no sólo en el ámbito universitario.

8. Considerando que las diferentes jurisdicciones que componen nuestro amplio territorio nacional poseen lógicas diversas, a la hora de planificar cualquier línea de articulación es sumamente importante tener en cuenta su contextualización, siempre en relación con el modelo de desarrollo de un proyecto de país soberano y federal en lo político , en lo cultural, en lo científico , en lo tecnológico, en lo epistemológico y en lo educativo, en el marco del respeto de la pluralidad, la interculturalidad y de nuestras diversidades lingüísticas, culturales y de género. Por ello, es fundamental el funcionamiento de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), actualmente integrados sólo por representantes de las instituciones universitarias y de los gobiernos jurisdiccionales de cada región, para lo cual se propone la inclusión de nuevos representantes provenientes de los IES, que aporten una visión clara y conocimiento pleno de las problemáticas y necesidades de sus instituciones.

9. La federalización académica, científica y cultural es fundamental para desarrollar planeamientos estratégicos regionales que permitan desconcentrar las grandes urbes. En ese orden, el pleno funcionamiento de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), articulando los regímenes de educación pública provinciales y nacionales, debe dotar de instrumentos y potestades para la planificación universitaria y para la formación de sistemas de educación superior verdaderamente articulados.

10. En relación a la articulación de la educación superior con la ciencia y la tecnología, en función de las necesidades del desarrollo nacional, regional y local, se propone incorporar la participación en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de representantes del sistema productivo y del sistema científico nacional, buscando de esta forma generar vínculos horizontales y transversales con las empresas en general y en particular con las pymes, que propicie las investigaciones compartidas entre el Estado y el ámbito privado.

11. Declarar la Educación Superior como un Derecho Humano, lo que no solo equivale a garantizar la gratuidad de la enseñanza en sus diferentes niveles y el ingreso irrestricto, sino también a establecer el derecho de las comunidades a disponer de las producciones generadas por las Instituciones que integran el sistema de Educación Superior a través de la extensión, los servicios de transferencia u otras formas de acceso al conocimiento por parte de quienes no necesariamente aspiran a cursar una carrera.

12. Se propone que la nueva LES fije un porcentaje del PBI superior al 1 por ciento, para que el presupuesto anualmente asignado al sistema de la Educación Superior acompañe el desenvolvimiento económico del país, así como también que se establezcan pautas objetivas de distribución federal del presupuesto sobre la base de indicadores acordados, que eviten el manejo discrecional o lo dejen sujeto a negociaciones anuales como expresión de relaciones de fuerza coyunturales.

13. Concebir a la autonomía universitaria como un pilar fundante desde su ejercicio responsable, para enfocarse en dar respuestas a las necesidades sociales, productivas, económicas y culturales de las comunidades a las cuales pertenecen las instituciones de educación superior. Establecer la autonomía también en relación con el mercado y a los poderes de las corporaciones económico-tecnológicas, para no condicionar el pensamiento crítico ni las soberanías educativa, cultural y científica.

14. En la nueva LES las autoridades deben ser elegidas mediante el voto directo, porque es el mecanismo de elección más genuino. En los cogobiernos se deben ampliar la participación de los diferentes integrantes de la comunidad de educación superior, con porcentajes de representación más equitativos en consejos directivos y consejos superiores de docentes, de trabajadores no docentes, estudiantes y egresados. Se propone el establecimiento de la paridad de género en los órganos de gobierno de la Universidad y en los cargos de gestión.

15. La nueva ley de Educación Superior debe establecer que los convenios colectivos de trabajo son los ámbitos democráticos de discusión salarial en los que se debe preservar las condiciones laborales dignas.

16. La universidad debe estar inserta en su territorio, situada, en diálogo con las comunidades, a través de un trabajo junto con los sujetos colectivos insertos en los territorios, desde una jerarquización y reactualización del rol de la extensión como ratificación explícita de su compromiso social comunitario, integrada a las demás funciones: investigación y docencia. Se propone la creación de órganos para ampliar dicha participación comunitaria, como los consejos sociales que existen ya en algunas universidades.

17. La nueva LES debe establecer, por un lado, como condición de posibilidad para garantizar el derecho social a la educación superior, un conjunto de políticas socioeducativas que permitan el ingreso a las aulas de los hijos e hijas de los sectores sociales más desfavorecidos, desde comedores escolares, residencias, boleto universal, un sistema de becas no solo económicas, sino que considere dispositivos tecnológicos en línea con las necesidades de cada territorio, así como también la permanencia y el egreso en tiempo razonable, a través de programas de seguimiento de las trayectorias, tutorías y la revisión por ejemplo de las franjas horarias de cursadas para su ampliación. Deberá también garantizar el acceso a las personas con discapacidades, a las diversas identidades de género y a los integrantes de pueblos originarios.

18. Reconocer a la CONEAU como única agencia nacional de evaluación externa de las Universidades Nacionales públicas y privadas, y acreditación de las carreras de grado y de postgrado, presencial y a distancia la cual no debe ser delegada a ninguna instancia de carácter privado.

19. Modificar la composición de la CONEAU incorporando representantes de los trabajadores docentes y no docentes y de los estudiantes universitarios atendiendo a un número representativo por género y un representante por cada CPRES, y la presencia de un veedor propuesto por el Gremio Docente a fin de evaluar las condiciones laborales de los docentes generando una nueva legitimidad e institucionalidad con mirada latinoamericana. Acotar a una reelección la duración del mandato de los miembros de CONEAU. Incorporación como pares evaluadores de profesionales idóneos del claustro no docente que se desempeñen en la gestión universitaria de las instancias externas de evaluación institucional. Evaluar y acreditar no deben ser sinónimos de homogeneizar.

20. Establecer, a través de la CONEAU, mecanismos de evaluación, supervisión y fiscalización de la oferta de grado y de postgrado internacional. Sostener el aseguramiento de la calidad y de la mejora continua como pilares fundamentales de las evaluaciones y acreditaciones. La calidad basada en la acción educativa en su entorno social. Su valoración tiene que estar vinculada al entorno social.

21. La autoevaluación es uno de los indicadores más importantes y adecuados para las mejoras continuas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La comunidad de cada universidad debe realizar esa evaluación institucional y reflexionar sobre el propio desempeño. - Para esto es necesario crear áreas en las instituciones que aseguren las mejoras continuas. Que se promueva la creatividad y la innovación, evaluando procesos.

22. Consensuar y definir criterios de evaluación para los Institutos de Educación Superior a nivel nacional y coordinar la gestión que debe realizarse a nivel jurisdiccional. Esto con el propósito de fortalecer la integración del sistema en acuerdo con el INET y el INFOD.

23. Redefinir los conceptos de la presencialidad y virtualidad por el impacto que genero la pandemia. Debe ser discutido el criterio de inclusión de las carreras en el art.43 y 42, ya que establece una jerarquía innecesaria.

24. Que la acreditación y la evaluación rompan con la lógica de universidades periféricas y centrales atendiendo a sus particularidades estructurales que responden a cuestiones geopolíticas y socio históricas. Ampliar los criterios de evaluación de la dimensión docente y no solo priorizar el nivel de titulación. Es necesario revisar el modo de incorporar criterios que se relacionen con la experticia profesional docente para intervenir en las problemáticas sociales presentes en el territorio y de este modo privilegiar el compromiso social universitario.

25. Ampliar los criterios de evaluación que contemplen el cumplimiento de las Leyes Nacionales de protección contra la violencia de género, de educación sexual y de protección ambiental.

26. Distintas argumentaciones institucionales y políticas movilizan la expectativa de complementar una Ley de educación Superior que incluya a los Institutos Superiores con otra norma que dé un nuevo marco regulatorio para la docencia y direccione políticas de Estado vinculadas a la formación y el trabajo docente sea tanto que se desarrolle en el ámbito de institutos de educación superior como en las universidades.

27. ¿Por qué una Ley de Formación y Trabajo Docente? La formación de los docentes no se inscribe en un solo tipo de institución, sino que alude a una tarea que debería tener rango de política de Estado apoyado en un marco normativo nacional que defina el sentido de la formación inicial en el marco del proyecto político educativo que la constituye; especifique las organizaciones, los sujetos, los contenidos, las prácticas y los ámbitos de desempeño; logre anudar la formación permanente en servicio y gratuita con la carrera docente y en virtud de los puestos de trabajo, y asigne presupuesto específico

28. Los consensos que permitan construir un Sistema formador nacional y federal, integral e integrado, deberán generar lineamientos nacionales que definan la producción de saberes y conocimientos irrenunciables al desarrollo profesional de los trabajadores de la educación, fortalezcan la relación entre formación / enseñanza y entre institutos / escuelas asociadas y las vinculaciones político-educativa con las realidades territoriales y comunitaria.

29. Definido el sistema formador consideramos que debiera avanzarse en una Ley de Educación Superior que incluya a los Institutos Superiores y que regule la democratización efectiva del gobierno de dichas instituciones; avance hacia la idea de un vínculo orgánico de las instituciones formadoras, y no una simple articulación; resignifique la noción de autonomía de acuerdo con las matrices y culturas institucionales; y multiplique vínculos entre las distintas instituciones formadoras avanzando en la idea de co-diseño, co-titularización.

30. El camino transitado desde la creación del INFD - a partir de la LEN 26206 - ha generado un conjunto virtuoso de definiciones, lineamientos y normas sobre FD, marco ineludible pero que aún presenta debilidades y vacancias. El desafío es, sin duda, profundizar dicho rumbo para construir una nueva agenda pública respecto del trabajo y la formación docente en clave de futuro. Y para eso construir un marco normativo como una respuesta estatal que siga afirmando la educación superior como derecho y la producción de conocimiento como un bien público. Y que al mismo tiempo le otorgue a la formación de los docentes la relevancia social y política que siempre tuvo la formación de quienes tienen en sus manos la educación del pueblo.